Ángeles Diez
El
24 de febrero de 2014 el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Chukc
Hagel, presentó el plan de la administración Obama para recortar el
tamaño del ejército hasta niveles previos a la II Guerra Mundial. La
propuesta no parece que implicaría una reducción del presupuesto sino
una reducción del número de soldados y una reorientación de las
inversiones (Estados Unidos gastó en el 2013 unos 600.000 millones de
dólares, es decir, 6 veces lo que gasta el gobierno Chino y un
equivalente a lo que gastan los 12 países que le siguen en la lista).
La
justificación con la que se presenta el plan para su aprobación en el
Congreso de Estados Unidos es que hay que adaptar al ejército al final
de las intervenciones en Irak y Afganistán, y seguir una vía diplomática para los casos de Siria e Irán, pero sobre todo porque se necesita un ejército adaptado a las “demandas estratégicas”.
La pregunta que cabe hacerse es cuáles
son las demandas estratégicas que tiene que enfrentar el ejército
estadounidense. El secretario de Defensa dice que las prioridades
políticas del presidente requieren “un ejército más pequeño pero también más ágil y mejor preparado para intervenciones puntuales y para afrontar las amenazas de Internet […] “Nuevas tecnologías, nuevos centros de poder y un mundo que es cada vez más volátil, más impredecible y en algunos casos más amenazador”[1].
Sin lugar a dudas esta propuesta de la
administración Obama en relación al número de tropas está en sintonía
con su concepción de cómo debe ser la política exterior imperial y quién
debe tener el protagonismo en ella. Como dice el periodista e
investigador Jeremy Scahill en su libro sobre las guerras sucias de
Estados Unidos en el cuerno de África, Obama no modifica la forma de
hacer la guerra de Bush, todo lo contrario, la desarrolla al máximo con
la única salvedad de que trata de reducir los costes directos en vidas
de soldados estadounidenses y aplica criterios de mayor racionalidad y
eficacia[2].
¿Cuál es esta concepción de la guerra? La
administración Obama, al igual que anteriormente la administración
Bush, considera que el mundo es un campo de batalla (su campo de batalla), que
las amenazas a los intereses de EEUU se han extendido, se han hecho más
difusas e impredecibles, y que para derrotarlas, la legalidad y las
instituciones internacionales son un obstáculo. La consecuencia lógica
es que el ejército convencional no es útil para este tipo de guerras
porque es lento, porque está sujeto a demasiadas restricciones legales y
administrativas, y porque no es eficaz en la eliminación de los
objetivos.
Por otra parte, la justificación
ideológica de sus campañas bélicas se coloca, como ya inició Clinton y
continuó Bush, en el campo de la cruzada moral: el intervencionismo humanitario y la voluntad de las masas.
La excusa que se utilizará para intervenir en cualquier parte del mundo
incluso si el gobierno ha sido elegido democráticamente es que no se
respetan los derechos humanos. En mayo del 2013, en un viaje a México,
preguntado sobre si reconocía los resultados electorales de Venezuela
y la legitimidad del presidente Maduro, Obama contestó que eso no era
lo que le preocupaba, que su enfoque para todo el hemisferio se basaba
“en nuestros principios básicos sobre derechos humanos, la democracia,
la libertad de prensa y la libertad de reunión. ¿Se están respetando [en
Venezuela]? Hay informes que dicen que no se han respetado plenamente
después de las elecciones”[3]
Hace apenas unos días la portavoz adjunta del Departamento de Estado,
Marie Harf, insistía en esta argumentación reclamando la liberación del
opositor y golpista Leopoldo López apelando a la libertad de expresión y reunión que debe garantizar el gobierno venezolano[4].