El tema feriado bancario vuelve a la memoria de los ecuatorianos con la
precandidatura presidencial del banquero Guillermo Lasso
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La postulación
presidencial del banquero Guillermo Lasso remueve los recuerdos de la
vinculación de la banca con el poder político y sus desastrosas consecuencias:
un feriado bancario que congeló 1.840 millones de dólares de depósitos y el
éxodo obligado de casi tres millones de ecuatorianos.
En la autopista
que conduce a la costa, en la provincia del Guayas, durante el fin de semana se
pudo observar algunas vallas en las que se apreciaba al banquero Lasso junto al
derrocado presidente Jamil Mahuad, en cuyo gobierno se decretó el congelamiento
de depósitos.
Lasso y CREO, el
grupo político que auspicia su candidatura, rechazaron este hecho y lo
calificaron como una campaña sucia. El banquero, de 55 años, ha deslindado su
responsabilidad en el feriado bancario argumentando que durante sus funciones
de superministro de Economía en el régimen de Mahuad solo firmó dos cosas: su
asunción y su renuncia.
Lasso se vinculó
al gobierno de Mahuad gracias a su amiga Ana Lucía Armijos, quien se
desempeñaba entonces como ministra de Gobierno.
Feriado
bancario
La crisis
financiera se originó en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik, los
promotores del neoliberalismo en Ecuador. En 1994 crearon la Ley de
Instituciones Financieras, que liberalizó las tasas de interés y permitió la
libre circulación de capitales y el aumento de los créditos vinculados, que
proliferaron sin control.
Esto generó
especulación, fuga de capitales y quiebra de bancos. A lo cual se sumaron otros
factores como el fenómeno de El Niño, la crisis financiera internacional y el
desplome del precio del petróleo ($ 6.30 por barril). Sin embargo, las
políticas de Mahuad agudizaron aún más la crisis.
En 1998, el
poder financiero se volvió evidente. Banqueros como Fernando Aspiazu
financiaron la campaña de Jamil Mahuad y otros formaron parte de su gabinete.
Se establecieron políticas de “salvataje bancario” que permitieron la entrega
de créditos millonarios a la banca, a través de instituciones públicas.
En el Congreso
Nacional, la famosa “aplanadora”, conformada por el Partido Social Cristiano y
la Democracia Popular, creó leyes e instituciones (como la AGD) para que el
Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada.
El 7 de marzo de
1998, Mahuad delineó con su equipo la estrategia de cerrar los bancos para
programar el congelamiento de depósitos. El 30 de noviembre, se concretó la ley
de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que se puso en vigencia finalmente
el 1 de diciembre de dicho año.
El 2 de
diciembre, la Junta Bancaria colocó a Filanbanco en proceso de restructuración;
es decir, pasó a manos del Estado bajo el mando de una Agencia de Garantía de
Depósitos que nació sin recursos, pero con el compromiso de hacerse cargo del
salvataje de todos los bancos que cayeran en crisis.
El 3 de
diciembre, la AGD pidió al Ministerio de Finanzas que emitiera bonos de deuda
interna para pagar los créditos de Filanbanco con el Banco Central y para
capitalizar dicha entidad bancaria, con un monto inicial de 540 millones de
dólares.
Ese mismo día,
Finanzas notarizó la emisión de bonos de deuda a favor de la AGD, triangulando
la operación con el Banco Central para evitar la quiebra de Filanbanco, tras el
manejo catastrófico de los hermanos Isaías-Dassum.
El 4 de
diciembre, la Junta Bancaria nombró y posesionó al nuevo equipo gerencial de
Filanbanco, en reemplazo de sus antiguos dueños (los hermanos Isaías-Dassum).
El 5 de diciembre, inició el salvataje estatal del Filanbanco y, paralelamente,
la salida de los Isaías es noticia de primera plana en la prensa del
Ecuador.
Entre el 8 de
diciembre y el 12 de marzo de 1999, los ecuatorianos encontraron bancos
cerrados, y desde el lunes 15 de marzo afrontaron el congelamiento total o parcial
de sus depósitos bancarios, en virtud del decreto presidencial 685.
A la siguiente
semana, el Banco del Progreso, con más de 750 mil clientes, cerró sus puertas
mientras su principal, Fernando Aspiazu Seminario, acusaba al gobierno de
Mahuad por obstruir la entrega de un crédito del Banco Central.
Los bancos
siguieron cayendo como piezas de dominó. En meses, el sistema financiero quedó
reducido a la mitad.
Cifras
El gobierno de
Mahuad congeló 1.840 millones de dólares en el sistema bancario privado;
681,1 millones en la banca off shore y se estima que alrededor de $ 145
millones retenidos en las sociedades financieras, cooperativas y mutualistas.
El Estado
intervino en los bancos Financorp, Finagro, Azuay, Occidente, Progreso,
Bancomex, Crediticio, Bancounión, Popular, Previsora, Pacífico, entre otros.
El congelamiento
de ahorros le costó al país la pérdida de 8.600 millones de dólares y la crisis
provocó la migración de aproximadamente tres millones de ecuatorianos hacia
Europa y Estados Unidos.
En 1999 la
inflación subió hasta el 60%, el desempleo alcanzó el 14,7%. La depreciación
del Sucre aumentó un 190%. Además provocó una fuga neta de capitales de 422
millones de dólares en 1998 y de 891 millones en 1999.
El decreto 685
dispuso el congelamiento, por un año, del 50% de los depósitos monetarios en
Sucres mayores a dos millones y de los depósitos en dólares que sobrepasaban
los $ 500.
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