http://www.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=37990:los-jueces-seran-los-unicos-que-pueden-definir-el-caso-de-luluncoto&catid=40:actualidad&Itemid=63
Fundamedios
se unió a la campaña de presión mediática para supuestamente apoyar a
los 10 investigados por actos de presunto sabotaje y terrorismo y a
quienes la prensa los bautizó como los “10 de Luluncoto”.
En un comunicado sostuvo que es un caso de “persecución estatal”.
Textualmente dice que se “han configurado una serie de violaciones a derechos fundamentales, no solo porque no se respetaron las garantías procesales, al haber detenido a estas personas sin orden judicial, sino que resulta preocupante la existencia de una persecución estatal basada solamente en la ideología de un grupo de personas, que difiere de la del Gobierno, pretendiendo criminalizar la manifestación de opiniones diversas (…)”.
¿Fundamedios revisó el proceso jurídico impulsado por la Fiscalía? Evidentemente no. La intención de la organización es colocar su grano de arena en una orquestada campaña para tratar de afectar la imagen del Gobierno.
María del Carmen Jácome, subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, sostiene que este caso no puede ser enmarcado en un caso de protesta social. Además, sostiene que ellos son parte de un proceso de investigación que está en manos de un juez que es independiente del Ejecutivo. “En el transcurso del proceso se han respetado todos sus derechos y en la audiencia ellos podrán demostrar su inocencia y la Fiscalía presentará sus evidencias, para que un juez decida”.
Independientemente de que los abogados defensores han planteado dentro del proceso legal, la Fiscalía y la Policía han defendido su trabajo. Por ejemplo, los investigadores oficiales sostienen que en poder de los investigados se encontraron manuales para la fabricación de bombas, estrategias de combate y formación militar, agendas para la ejecución de llamadas para alertar la colocación de artefactos explosivos. Esos documentos difieren mucho en la versión de las empresas de comunicación que a los 10 de Luluncoto solo les encontraron libros de ideología de izquierda y panfletos como lo publicaron la revista Vanguardia, diario Hoy, La Hora, El Universo, El Comercio y que fue replicado por radios y canales de tv privados.
La Policía sostiene que la detención de los sospechosos se dio luego de cuatro meses de investigación, que fue iniciada por orden de la Fiscalía. Este trabajo de inteligencia policial fue una respuesta a los cuatro atentados con bombas panfletarias ocurridos en noviembre de 2011 en Quito, Guayaquil y Cuenca.
En los archivos de las computadoras de los detenidos se hallaron: “Estudio de cómo hacer Inteligencia, estudio del blanco y su aniquilación, operaciones tácticas para ataque, ejecución y evasión, posicionamientos de combate armado, manejo de armas, curso básico de Anatomía, curso básico de Química, preparación física militar, preparación de incursión en instalaciones”.Pero el documento que más llamó la atención fue un explicativo de cómo armar bombas y explosivos.
El perito encargado de analizar estos documentos sostuvo que el material explosivo que fue utilizado en cada uno de los lugares donde se realizaron los atentados "guarda relación con los planes de armaje de explosivos referidos durante el allanamiento al domicilio en Luluncoto, donde fueron detenidos los sospechosos".
Uno de los documentos hallados refiere la agenda que cumpliría el grupo entre mayo y septiembre de este año. Se incluyen actividades como: campañas de reclutamiento, afirmar mandos y combatientes en la dirección de masas y afirmar conocimientos militares. En otro documento se detallan actividades programadas para los primeros días de marzo, durante la marcha prevista por organizaciones sociales en Quito. En uno de los puntos se señala: "El día de la marcha se realizarán llamadas de explosivos en Senagua y otras mineras".
Estos indicios sirvieron de base para que la Fiscalía considere que los diez detenidos son sospechosos del delito de terrorismo y sabotaje, según fue calificado por Leonardo Tapia, Juez Décimo de Garantías Penales del Pichincha. Ahora, el caso está en manos de los judiciales del Tribunal Tercero de lo Penal de la provincia, quienes son los únicos que pueden setenciar o absolver a los investigados.
En un comunicado sostuvo que es un caso de “persecución estatal”.
Textualmente dice que se “han configurado una serie de violaciones a derechos fundamentales, no solo porque no se respetaron las garantías procesales, al haber detenido a estas personas sin orden judicial, sino que resulta preocupante la existencia de una persecución estatal basada solamente en la ideología de un grupo de personas, que difiere de la del Gobierno, pretendiendo criminalizar la manifestación de opiniones diversas (…)”.
¿Fundamedios revisó el proceso jurídico impulsado por la Fiscalía? Evidentemente no. La intención de la organización es colocar su grano de arena en una orquestada campaña para tratar de afectar la imagen del Gobierno.
María del Carmen Jácome, subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, sostiene que este caso no puede ser enmarcado en un caso de protesta social. Además, sostiene que ellos son parte de un proceso de investigación que está en manos de un juez que es independiente del Ejecutivo. “En el transcurso del proceso se han respetado todos sus derechos y en la audiencia ellos podrán demostrar su inocencia y la Fiscalía presentará sus evidencias, para que un juez decida”.
Independientemente de que los abogados defensores han planteado dentro del proceso legal, la Fiscalía y la Policía han defendido su trabajo. Por ejemplo, los investigadores oficiales sostienen que en poder de los investigados se encontraron manuales para la fabricación de bombas, estrategias de combate y formación militar, agendas para la ejecución de llamadas para alertar la colocación de artefactos explosivos. Esos documentos difieren mucho en la versión de las empresas de comunicación que a los 10 de Luluncoto solo les encontraron libros de ideología de izquierda y panfletos como lo publicaron la revista Vanguardia, diario Hoy, La Hora, El Universo, El Comercio y que fue replicado por radios y canales de tv privados.
La Policía sostiene que la detención de los sospechosos se dio luego de cuatro meses de investigación, que fue iniciada por orden de la Fiscalía. Este trabajo de inteligencia policial fue una respuesta a los cuatro atentados con bombas panfletarias ocurridos en noviembre de 2011 en Quito, Guayaquil y Cuenca.
En los archivos de las computadoras de los detenidos se hallaron: “Estudio de cómo hacer Inteligencia, estudio del blanco y su aniquilación, operaciones tácticas para ataque, ejecución y evasión, posicionamientos de combate armado, manejo de armas, curso básico de Anatomía, curso básico de Química, preparación física militar, preparación de incursión en instalaciones”.Pero el documento que más llamó la atención fue un explicativo de cómo armar bombas y explosivos.
El perito encargado de analizar estos documentos sostuvo que el material explosivo que fue utilizado en cada uno de los lugares donde se realizaron los atentados "guarda relación con los planes de armaje de explosivos referidos durante el allanamiento al domicilio en Luluncoto, donde fueron detenidos los sospechosos".
Uno de los documentos hallados refiere la agenda que cumpliría el grupo entre mayo y septiembre de este año. Se incluyen actividades como: campañas de reclutamiento, afirmar mandos y combatientes en la dirección de masas y afirmar conocimientos militares. En otro documento se detallan actividades programadas para los primeros días de marzo, durante la marcha prevista por organizaciones sociales en Quito. En uno de los puntos se señala: "El día de la marcha se realizarán llamadas de explosivos en Senagua y otras mineras".
Estos indicios sirvieron de base para que la Fiscalía considere que los diez detenidos son sospechosos del delito de terrorismo y sabotaje, según fue calificado por Leonardo Tapia, Juez Décimo de Garantías Penales del Pichincha. Ahora, el caso está en manos de los judiciales del Tribunal Tercero de lo Penal de la provincia, quienes son los únicos que pueden setenciar o absolver a los investigados.
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