En los últimos meses, el Gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, ha denunciado múltiples incidentes de sabotaje contra el sistema eléctrico junto a una campaña continua para subvertir la economía de la nación. Una mayoría de medios de comunicación a nivel internacional además de medios privados dentro de Venezuela, se han burlado de las graves denuncias del presidente venezolano, y en su lugar han intentado responsabilizar al Gobierno de los daños causados al país. No obstante, un documento interno de tres organizaciones de Colombia y Estados Unidos evidencia un plan macabro contra el Estado venezolano para provocar violencia —incluso muertos— con la intención de justificar una intervención internacional antes de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre.
El documento, titulado 'Plan Estratégico Venezolano', fue preparado por la Fundación Internacionalismo Democrático del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, junto con la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y la empresa estadounidense de consultores FTI Consulting. Su fecha de redacción fue el 13 de junio de 2013, durante una reunión entre representantes de estas tres organizaciones, dirigentes de la oposición venezolana, como María Corina Machado, Julio Borges y Ramón Guillermo Avelado, el experto en guerra psicológica, J.J. Rendón, y el encargado de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) para América Latina, Mark Feierstein.
El plan estratégico de desestabilización contra Venezuela tiene el fin principal de debilitar al Gobierno en el marco de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre, tal como lo articulan en el texto: "Los objetivos planteados en el presente plan se enmarcan esencialmente hacia las municipales previstas para el 8 de diciembre, al mismo tiempo que incluye el desgaste acelerado paulatino de la gestión del Gobierno facilitando el triunfo supremo de la oposición para ese evento". Y agregan: "pero si fuera antes, mucho mejor".
El documento también detalla la estrategia para sabotear al sistema eléctrico en Venezuela con el objetivo de responsabilizar al Gobierno de las debilidades de la infraestructura del país y de esa manera proyectar una imagen de crisis de Venezuela a nivel internacional. Como parte del plan, los autores proponen "mantener e incrementar los sabotajes que afecten los servicios a la población, particularmente al sistema eléctrico, que permitan culpar al Gobierno de supuestas ineficiencias y negligencias". Desde entonces, apagones y otros cortes eléctricos han afectado a diferentes regiones por toda Venezuela, causando un gran descontento general, y resultando en una percepción negativa del Gobierno. Hace poco, autoridades venezolanas detuvieron a varias personas involucradas en sabotajes al sistema eléctrico y a finales de septiembre el presidente Maduro expulsó a tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas por su presunto papel en los planes de desestabilización.
En la sección titulada "Acciones", los autores del documento detallan sus próximos pasos para desestabilizar al Gobierno venezolano. Además de "perfeccionar el discurso confrontacional y denunciante de Henrique Capriles", el candidato presidencial derrotado por Maduro, hablan de "generar emoción con mensajes cortos pero que lleguen a mayor cantidad de personas, donde retomen los problemas sociales, provocando el descontento social. Incrementar los problemas con el desabastecimiento de productos básicos de la canasta alimenticia".
En los últimos meses, Venezuela ha experimentado problemas de desabastecimiento de productos básicos, como papel higiénico, azúcar, leche, aceite, mantequilla y harina, entre otros. Las autoridades venezolanas han incautado toneladas de estos productos dentro de almacenes que pertenecen a empresarios vinculados con la oposición. También han confiscado grandes cantidades de estos productos en la zona fronteriza con Colombia, donde son vendidos como contrabando.
Según el documento, "El 'Plan estratégico venezolano', consensuado con dignos representantes de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, se orienta hacia estos objetivos con el fuerte y constante apoyo de varias personalidades mundiales en función de que se le devuelva a Venezuela la verdadera democracia e independencia que han estado secuestrados por más de 14 años".
Durante los 14 años de gestión democrática del presidente Hugo Chávez las amenazas contra su Gobierno abundaban y los planes de desestabilización nunca acababan. Luego del fracaso del golpe de Estado en su contra en 2002, que fue organizado y apoyado desde el Gobierno de Estados Unidos, hubo numerosos intentos de derrocarlo a través de sabotajes económicos, intervenciones electorales, planes de magnicidio, guerra psicológica, financiamiento multimillonario a las fuerzas opositoras desde el exterior y un plan de aislamiento internacional que finalmente no tuvo éxito.
Una de las caras visibles de los intentos de desestabilización contra el Gobierno de Chávez fue el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. El exmandatario colombiano finalizó su presidencia en 2010 haciendo un llamamiento para una intervención internacional en Venezuela con la intención de destruir al presidente Chávez y su Revolución Bolivariana. Uribe se dedicó durante los años siguientes a difamar al presidente Chávez y su Gobierno y a fortalecer los vínculos con sectores antichavistas dentro y fuera de Venezuela.
El fallecimiento del presidente Chávez en marzo 2013 no impidió a Uribe continuar sus acciones contra Venezuela. Con la elección de Nicolás Maduro a la presidencia y la continuación del proceso socialista comenzado por Chávez, Uribe seguía con sus planes de ataque contra Venezuela.
Ahora este documento interno, producto de un encuentro de sectores de la ultraderecha de Colombia y Venezuela, junto a representantes del Gobierno estadounidense, demuestra los planes de desestabilización en marcha contra el Gobierno de Maduro.
Como parte de este peligroso complot contra Venezuela, los autores proponen "crear situaciones de crisis en las calles que faciliten la intervención norteamericana y fuerzas de la OTAN, con el apoyo del Gobierno de Colombia. Cuando sea posible, la violencia debe provocar muertos o heridos".
Venezolanos, representantes de la oposición, están trabajando conjuntamente con fuerzas externas para provocar la muerte de ciudadanos inocentes en su propio país con la intención de promover una invasión militar contra su nación. Esto representa una grave amenaza —y un vil crimen— contra la soberanía de Venezuela.
Por último, además de promover el impulso de una campaña internacional para marginar, deslegitimar y desacreditar al Gobierno de Maduro a través de medios de comunicación y voceros de la derecha, el documento recomienda "una insurrección militar" contra el "Estado venezolano". Proponen "contactar con grupos de militares en activo y en condición de retiro para ampliar la campaña dirigida a restarle prestigio al Gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas. (...) Es vital preparar a los militares para que a partir de un escenario de crisis y conflictividad social encabecen la insurrección contra el Gobierno, o al menos que apoyen una intervención extranjera o un levantamiento civil".
Este documento evidencia y confirma la veracidad —y la gravedad— de las denuncias realizadas por el presidente Nicolás Maduro. Venezuela está bajo ataque, como lo ha estado durante los últimos 14 años desde el inicio de la Revolución Bolivariana y el rescate de la soberanía, independencia y dignidad del país. No hay que olvidar que Venezuela tiene las más grandes reservas petroleras del mundo. Los poderosos intereses que desean controlar esos ricos recursos no pararán hasta lograr su objetivo.
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