Un tercio de los senadores y representantes que presumiblemente deberán
votar los acuerdos de paz en Colombia, son sospechosos de conexión con
el paramilitarismo.
Así se desprende del seguimiento de la no gubernamental Fundación Paz
y Reconciliación a los candidatos de las elecciones legislativas del
domingo 9.
Son 33 figuras relacionadas o presuntamente relacionadas con este
actor de la guerra colombiana, que resultaron elegidas para integrar el
Senado, un 32,4 por ciento de sus 102 escaños. En la Cámara de
Representantes, fueron elegidos 36 de ellos, 21,7 por ciento de sus 166
puestos, según la fundación.
Estos ya son los herederos de los políticos relacionados con el
paramilitarismo (parapolíticos, en el lenguaje local, de los que hay
decenas condenados); o bien tienen supuestos vínculos directos con
organizaciones criminales que sucedieron a su desmovilización, promovida
por el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
El portal especializado VerdadAbierta.com indica a su vez que al
Senado llegaron 15 políticos investigados por hacer, supuestamente,
pactos con paramilitares, mientras que 11 lograron un escaño en la
Cámara de Representantes.
Fue así como, con una abstención de 56,42 por ciento, los colombianos
escogieron el Congreso legislativo potencialmente más importante en
medio siglo.
Este parlamento deberá definir el destino de los acuerdos de paz que
eventualmente se logren en la negociación que adelanta el gobierno de
Juan Manuel Santos con las guerrillas izquierdistas en La Habana.
Además de la abstención, del total de 14,3 millones de personas que
sí votaron, más de 2,3 millones emitieron votos inválidos, y 885.375
electores, más de seis por ciento, votaron en blanco tras una campaña
por las redes sociales promoviendo esa opción, según los datos
preliminares de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Esto significa que una minoría decidirá el destino de los acuerdos
que pondrían fin a una guerra fratricida de 50 años, y los nuevos
proyectos de ley vinculados a esta negociación.
Pero ningún partido obtuvo más de 20 por ciento de la votación, lo
que indica que se mantiene y se profundiza la división de las elites
frente a una salida negociada o militar de la guerra, la verdadera razón
para que los diálogos de paz hayan podido avanzar.
En la Presidencia desde 2010 y ahora candidato a la reelección para
el periodo 2014-2018, Santos logró en su mandato un significativo
consenso político de respaldo a sus esfuerzos de paz, con una coalición
de cinco partidos que denominó Mesa de Unidad Nacional: el Partido de la
U, Cambio Radical, el Partido Conservador (los tres de derecha), el
Partido Liberal (centro) y Alianza Verde (centroizquierda).
Esta alianza tenía 80 de los 102 escaños del Senado, donde 100 los
disputan los partidos y otros dos se definen por circunscripción
indígena.
Santos puntea en los sondeos por amplio margen la preferencia de voto
para las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se realizará 25
de mayo. Pero analistas indican que su triunfo demorará hasta la
segunda vuelta, el 15 de junio.
De confirmarse las encuestas, Santos contaría en el Congreso que se
instalará el 20 de julio con 46 senadores, excluyendo a los
conservadores, que se dividieron, y controlará la cámara baja, con unos
92 representantes de 166.
Seguramente, el Partido Conservador, que bajó de 22 a 19 escaños,
jugará de nuevo el papel de bisagra, y sabrá cobrar caro su apoyo a
cambio de cargos burocráticos y contratos para sus militantes. Cuatro de
sus parlamentarios elegidos tienen abiertas investigaciones por
supuesto paramilitarismo.
La U cayó de 28 escaños a 21, aunque sigue siendo el partido más
votado. Ocho de estos parlamentarios son investigados por parapolítica.
Cambio Radical subió de ocho a nueve puestos, con cuatro electos
investigados. Los liberales conservan 17 senadores, siete de ellos con
supuestos nexos paramilitares.
Por su parte, Alianza Verde mantiene cinco escaños y uno de ellos
será ocupado por Claudia López, la principal investigadora de los
vínculos entre la política y el paramilitarismo.
Otro partido que ha apoyado algunas iniciativas de Santos, Opción
Centro, está fuertemente cuestionado por vínculos con el paramilitarismo
de extrema derecha y 27 por ciento de sus legisladores son sospechosos.
El Polo Democrático Alternativo, de centroizquierda, bajó de cinco a
tres senadores. Este pequeño bloque, que expulsó de su seno al Partido
Comunista, sería un aliado de la paz.
Para algunos, la mayor amenaza para la paz negociada se erige ahora
desde la extrema derecha con el nuevo partido Centro Democrático, creado
por Uribe y que obtiene, prácticamente, las 19 curules que perdieron
juntos La U y el Partido Conservador.
Uribe aboga por obligar a la guerrilla a deponer las armas mediante
la derrota militar, con penas de cárcel acordes con sus crímenes, sin
aplicación de medidas de la denominada justicia transicional y sin
derechos políticos, lo que equivale a bombardear la negociación de paz.
El anuncio de esas conversaciones exasperó al expresidente, también investigado por supuestos nexos con paramilitares.
La dimensión del enfrentamiento se mide en investigaciones judiciales
y periodísticas que indicarían que Santos y sus negociadores de paz
fueron espiados por elementos de la Inteligencia militar que mantienen
pactos de lealtad con Uribe, posiblemente relacionados con violaciones a
los derechos humanos.
Uribe no logró la tercera parte del Senado, que era su aspiración,
pero el Centro Democrático consigue más de 14 por ciento de sus escaños y
se erige como la segunda fuerza, con más de dos millones de votos.
La negociación de La Habana
Con mediación internacional, el gobierno de Juan Manuel Santos
negocia en La Habana la paz con la guerrilla comunista de las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), de origen campesino y
surgida hace 50 años.
La negociación ya logró preacuerdos en dos de los seis puntos de la
agenda: desarrollo agrario integral y participación política. Se
anuncian avances en otro punto que busca soluciones a las drogas
ilícitas. Restan por abordar: fin del conflicto, víctimas y verdad y la
propia implementación de los acuerdos, como sexto y último punto de la
agenda.
Santos también mantiene en una prolongada fase exploratoria
acercamientos con el procubano Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Aparentemente el diálogo con este grupo guerrillero, segundo por su
número de combatientes, aún estaría en la etapa de consensuar la agenda
de negociación.
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