Lo interesante es saber si la gente empieza a armar las piezas de este rompecabezas infernal.
Sería un triunfo de la razón y la reflexión si el público entendiera que se vive en un mundo controlado por las grandes corporaciones de toda clase y que nosotros únicamente somos conejillos de indias dentro de su inmenso laboratorio.
También se lograría una victoria si la gente comprendiera que no existe libre mercado, que los conglomerados mundiales no dejan que exista esa libertad y que todos son los mismos y se apoyan entre ellos para no perder el poder que tienen sobre la raza humana.
La Jornada
Los primeros gerentes de grandes
empresas extranjeras que serán juzgados en Argentina, por delitos de
lesa humanidad durante la pasada dictadura cívico-militar (1976-1983),
serán los directivos de la automotriz estadunidense Ford, anunció el
abogado Pablo Llonto representante de una de las víctimas.
En este caso los imputados son el ex gerente general Pedro Müller, el
ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de
seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, y no llegó como acusado el
entonces presidente del directorio de Ford (Argentina, Nicolás Courard)
porque murió antes, detalló Llonto, a la agencia oficial de noticias
Télam.
El abogado que libra una fuerte lucha contra el monopolio mediático
Clarín, y escribió un libro clave sobre la directora Ernestina Herrera
de Noble, por adoptar dos niños, en ambos casos ilegalmente, durante la
pasada dictadura y que podrían ser hijos de desaparecidos, representa a
una de las víctimas de la empresa Ford.
El nuevo juicio deberá comenzar el próximo 8 de julio y está dentro de
la llamada megacausa de Campo de Mayo que junto con la Escuela de
Mecánica de la Armada (Esma) fueron los mayores centros clandestinos de
exterminio en el país.
Hasta ahora, ningún tribunal juzgó o condenó a empresarios o gerentes
por su participación o autoría en estos delitos represivos, dijo a Télam
Llonto y corresponderá al Tribunal Oral Federal Uno de San Martín
tramitar los casos de unas 40 víctimas, casi todos obreros de la
automotriz Ford y también de familiares de los trabajadores perseguidos.
En este mismo juicio figuran los directivos de otras fábricas de la
Zona Norte del Gran Buenos Aires y por esa razón se dividirá en cuatro
grupos de víctimas, en cuyos casos se comprobó la participación de las
empresas como Ford, fábricas de cerámica como Lozadur y Catáneo,
metalúrgica Bopavi, de los astilleros Astarsa y Mestrina.
A los tres directivos de Ford se les imputa facilitar los datos y
listas de trabajadores a la inteligencia militar lo que significó el
secuestro en 1976 de 24 obreros, pero más grave aún es haber permitido a
los militares interrogarlos y torturarlos dentro del edificio de la
propia empresa, que se convirtió temporalmente en un centro clandestino
de detención, en la localidad de Pacheco, en el oeste de esta capital,
sobre lo que hay pruebas y testimonios.
Los defensores de los tres directivos plantearon la nulidad de todo lo
actuado, después de terminar el juicio de acusación, el pasado 9 de
mayo.
Consideró Llonto que hay varias empresas en el banquillo, en diversos
lugares del país, a partir de que se comenzó a indagar sobre la
responsabilidad de civiles en los delitos de lesa humanidad. Lo que se
resuelva en estos juicios y el primer caso que culmine con una sentencia
va a servir de fundamento para los otros y también se va a poder
conocer si se los caracteriza a los acusados como participantes o como
partícipes o autores.
Son varias las empresas imputadas y casos que han alcanzado a
personajes con un inmenso poder en las provincias como sería el del
empresario Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy, empresa
en la que sucedió uno de los hechos más simbólicos y trágicos de la
pasada dictadura, cuando con la complicidad de sus directivos, se
produjo un famoso apagón, lo que dejó a oscuras el lugar
premeditadamente y con camiones militares de la propia empresas fueron
secuestradas en esa misma noche decenas de trabajadores, muchos de los
cuales están desaparecidos.
También en este caso está imputado el ex administrador del ingenio
Ledesma, Alberto Lemos. Los familiares de las víctimas y sobrevivientes
han librado una dura lucha en estos casos, ya que muchos jueces
prácticamente se negaron a juzgar a un hombre de tantos poderes, dueños
además de grandes extensiones de tierras.
Lo mismo sucede en Bahía Blanca en el sur del país, con el dueño del
diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, al que defienden diversos y
poderosos medios de comunicación del país, como La Nación y otros, que
presionan para detener la causa a pesar de que se lo acusa de participar
en el secuestro y asesinato de dos trabajadores durante la dictadura.
Una de las causas más fuertes es la investigación sobre la alemana
Mercedes Benz, que también atraviesa por diversas presiones, a pesar de
los testimonios y documentos que involucran a sus directivos con la
pasada dictadura.
La responsabilidad de civiles en crímenes del terrorismo de Estado sólo
comenzó a ser investigada en los últimos años, y para marzo último
representaban, alrededor del 13 por ciento del total de 2 mil 239
imputados en causas de lesa humanidad, señala la agencia Télam de
acuerdo a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales.
En otros casos, en gran parte de las provincias pero sobre todo en las
principales ciudades industriales, hay cuando menos indicios de
colaboración empresarial en la represión terrorista de Estado a obreros,
delegados y dirigentes sindicales, pero aún sin indagados ni procesados
señala Télam.
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