By Salim Lamrani
Estados Unidos se apresta a sancionar con una multa récord al
banco francés más importante por sus relaciones comerciales con Cuba y
otros países bajo embargo. Ello, en flagrante violación con el Derecho
Internacional y de la soberanía de Francia.
Tras sancionar al banco Crédit Suisse con una multa récord de 2,6
millones de dólares en mayo de 2014, Estados Unidos prevé sancionar al
banco francés BNP Paribas con una multa de 10.000 millones de dólares y
una supresión temporal de su licencia bancaria en su territorio.
Washington reprocha a la entidad financiera realizar transacciones en
dólares – moneda usada en los intercambios internacionales – con países
bajo embargo, particularmente Cuba, entre 2002 y 2009.
En efecto, Cuba es víctima de un estado de sitio económico desde hace
más de medio siglo, el cual afecta todos los sectores de la sociedad y a
las categorías más vulnerables de la población, a saber, los niños, las
mujeres y los ancianos. Además de prohibir todo comercio bilateral con
escasas excepciones entre la isla del Caribe y Estados Unidos, las
sanciones económicas impuestas en 1960 disponen de un carácter
extraterritorial y constituyen un obstáculo al desarrollo de las
relaciones comerciales y financieras de Cuba con el resto del mundo.
No obstante, según el Derecho Internacional, está terminantemente
prohibido aplicar de modo extraterritorial una legislación nacional. La
ley francesa no puede aplicarse en Alemania y la ley brasileña no puede
aplicarse en Argentina. Ahora bien, la legislación estadounidense sobre
las sanciones económicas contra Cuba (y otros países bajo embargo) se
aplica en todo el mundo y afecta a BNP Paribas.
Según la legislación francesa y el Derecho Internacional, BNP Paribas
no ha cometido ninguna irregularidad. El establecimiento financiero
siendo un banco francés, no tiene que someterse de ningún modo a la ley
estadounidense, en nombre de un principio fundamental del derecho
internacional que es la no extraterritorialidad de las leyes. La
legislación estadounidense sólo puede aplicarse en el territorio
nacional y no puede cruzar las fronteras. Por otra parte, las
transacciones citadas por Washington se realizaron a partir de
subsidiarias de la BPN Paribas de Europa y no de Estados Unidos.
Christian Noyer, gobernador del Banco de Francia, fue claro al
respecto: “Hemos verificado que todas las transacciones incriminadas
estaban conformes a las reglas, leyes, reglamentaciones, a niveles
europeo y francés”. No hay “ninguna contravención de esas reglas, ni de
las reglas de las Naciones Unidas” por parte de BNP Paribas.[1]
BNP Paribas ya fue obligada a despedir a los responsables implicados
en esos intercambios litigiosos para las autoridades estadounidenses y
prevé negociar una sanción menos severa usando el proceso del
reconocimiento de culpabilidad, aunque no se ha cometido ninguna falta.[2]
En cambio, la posición oficial de Francia es sumamente preocupante.
En efecto, en vez de defender los intereses de una gran empresa que no
cometió ningún delito según la legislación nacional y el derecho
internacional, el gobierno del Presidente François Hollande aceptó el
punto de vista estadounidense reconociendo la “infracción cometida” y
sólo se contenta con denunciar el “carácter desproporcionado de las
sanciones previstas”. En vez de defender la soberanía nacional y
condenar la aplicación extraterritorial e ilegal de la ley
estadounidense contra los intereses fundamentales de la nación, París se
limita a implorar un castigo menos severo. Al plegarse tan dócilmente a
las órdenes de Washington, Francia renuncia a su independencia y empaña
durablemente su imagen en la escena internacional.[3]
Notas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario