El exterminio de seres humanos no sólo conlleva una serie de prácticas abominables, capaces de reducir a miles de personas "a la diezmillonésima parte de una mierda", tal como le gustaba decir a uno de los más crueles carceleros del franquismo. Ya fuese en la Alemania de Hitler, en la España de Franco o en la Argentina de Videla, las políticas represivas absorbían una parte sustancial del presupuesto estatal. Desde el soldado que activaba las cámaras de gas en Auschwitz hasta el torturador que hacía retorcer de dolor a sus víctimas en Buenos Aires, pasando por el verdugo español que destrozaba a sus condenados en el garrote vil... Todos, absolutamente todos, cobraban religiosamente a final de mes.
En mayo de 1976, cuando aún no se habían cumplido dos meses del golpe de Estado en Argentina, los cuerpos policiales que aterrorizaban a los habitantes ya habían gastado un 70% de su presupuesto anual... y aún quedaba mucha gente por morir. En vísperas de un invierno austral que prometía sangre y dolor, los jefes policiales se vieron obligados a pedir una inyección de 12 millones de dólares. Según los cálculos realizados entonces, las tareas represivas iban a costar, al menos en 1976, unos 400 millones de billetes norteamericanos.
"No me dé las gracias por venir. Esta embajada es mi casa". La frase corresponde al dictador argentino Jorge Rafael Videla, mientras que la delegación diplomática en cuestión tenía la bandera española en su fachada. Ocurrió un 24 de junio de 1976, durante un homenaje -a distancia- al rey Juan Carlos, coincidiendo con el día de su santo. Un par de años después, la Monarquía devolvió el gesto en formato de medalla: el salvaje general Videla, responsable de miles de asesinatos, mantuvo hasta el último día de su vida las condecoraciones firmadas por el monarca español, que en 1978 le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y el Collar de la Orden de Isabel la Católica.
Estas distinciones son sólo un ejemplo de lo que ocurrió a espaldas de la opinión pública española en aquellos años. Según ha podido comprobar Público, durante los siete años y nueve meses que duró el sangriento régimen cívico-militar argentino, las autoridades de Buenos Aires y Madrid intercambiaron todo tipo de medallas, apoyos y regalos. De acuerdo a los registros consultados por este periódico, 23 militares argentinos fueron condecorados mediante decretos que llevaban la firma del rey Juan Carlos y de los ministros de Defensa de turno.
Entre los condecorados figuran personajes como el vicealmirante de la Armada, Antonio Vañek -uno de los principales jefes del campo de concentración que funcionaba en la ESMA-, el brigadier de la Fuerza Aérea Basilio Lami Dozo -otro de los máximos responsables del régimen- o el general José Rogelio Villarreal, quien durante la noche del golpe de Estado estuvo a cargo de la detención de la presidenta Isabel Martínez de Perón.
El teniente argentino Antonio "Trueno" Pernías, actualmente preso en Buenos Aires por cometer crímenes de lesa humanidad, era un hombre de acción: por sus manos -y su sala de tortura- pasaron muchos hombres y mujeres que hoy siguen sin aparecer. Su compañero Enrique Scheller, alias "Pingüino", también fue señalado por algunos sobrevivientes como un sádico torturador. Entre 1978 y 1980, ambos individuos formaron parte de la embajada de Argentina en España, donde se dedicaron a perseguir y controlar al numeroso colectivo de refugiados argentinos que vivían en este país. A pesar de las denuncias que existían en su contra, el gobierno de Suárez les dio pasaportes y permitió que llevaran revólveres.
Sus nombres no son un caso aislado. Tal como confirman diversos documentos reservados en poder de Público, la delegación diplomática argentina fue utilizada como uno de los principales centros de operaciones de la dictadura en Europa, con una doble misión: controlar a los exiliados y contrarrestar las denuncias internacionales contra el régimen. Allí todos iban armados, gracias a las licencias que el gobierno de Adolfo Suárez concedía sin rechistar. Según consta en los archivos secretos, el embajador Leandro Enrique Anaya tenía permiso para utilizar una pistola Smith Wesson calibre 38. Su secretario, Jorge Vigano, disponía de un revólver Astra, mientras que el consejero económico y comercial, Carlos Vailati, portaba un modelo cobra del revólver Colt. Tampoco faltaba pólvora en el Consulado General de Madrid, donde su máximo responsable, Luis Vila Ayres, gozaba de un "permiso de portación de arma de defensa personal": una pistola Browning calibre 7,65.
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