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El Informe sobre el Estado Social de la Nación 2017, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (asociación encargada de proponer ideas y soluciones a la administración y a las empresas del sector en materia de servicios sociales) advierte de una “extensión y persistencia” de la pobreza, precariedad, exclusión e incremento de desigualdades en la sociedad española; y propone a los políticos: derogar la Reforma Laboral para acabar con la precariedad; una renta mínima; atender a las 340.000 personas dependientes que no reciben atención, y el rescate de los parados de más de dos años.
En cuanto a la pobreza, el estudio constata que esta “se ha instalado en la sociedad española, afectando a personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación” y alerta de la dificultad de las nuevas generaciones que nacen en un ámbito empobrecido de salir de esta situación a lo largo de su vida.
En concreto, aporta datos como que casi 700.000 hogares (1,3 millones de personas) no tienen ningún ingreso. Por ello, los autores del informe consideran imprescindible una regulación estatal que garantice una renta básica no vinculada a procesos de inclusión.
El paro de larga duración que afecta a casi dos millones de españoles es la expresión más evidente de esta “cronificación” de la pobreza. Ante esta situación, proponen a los políticos diseñar un plan que ofrezca a toda persona desempleada por un tiempo superior a dos años, un empleo de al menos seis meses de duración.
Asimismo, consideran necesaria la derogación de la Reforma Laboral. El coordinador y redactor del informe, Gustavo García Herrero, ha explicado que el precio de la recuperación es que ha “dejado sin futuro a la inmesa mayoría de la población española” que tiene que conformarse con “sobrevivir” y no puede hacer proyectos vitales.
“Ahora que el Gobierno está tan preocupado por la natalidad, no hay medida más importante que derogar la Reforma Laboral, sería la mejor medida para fomentar la natalidad”, ha precisado García Herrero, que ha explicado cómo la precariedad, causada por la inestabilidad en el empleo y los bajos salarios, provoca que 6 millones de personas estén en permanente riesgo de caer en la pobreza ante cualquier posible “vaivén”.
Asimismo, el informe sugiere como medida para la generación de empleo así como para la protección social la firma de un Pacto de Estado para atender a las casi 350.000 personas reconocidas como dependientes que no reciben atención. Con esta medida, según señalan, se generarían 90.000 empleos directos, con un incremento del gasto público de 1,5 millones de euros al año.
En cuanto a la exclusión social, los autores del estudio han precisado que hay que distinguirla de la pobreza pues en estos momentos hay más de 8 millones de trabajadores que viven bajo el umbral de la pobreza pero que no están excluidos. Además, han alertado de la soledad como la nueva forma de exclusión social, que lleva a muchas personas mayores a vivir en “situaciones dramáticas”.
Según ha advertido el redactor del capítulo ‘Pobreza y Exclusión Social’, Luis Barriga, existe el riesgo de caer en un proceso de “espiral acelerada” hacia la exclusión en los próximos años si no se toman medidas para evitarlo; y ha alertado de la “bomba de relojería” que puede ser la exclusión y la situación de los jóvenes sin futuro.
Sobre las desigualdades, el informe precisa que estas no solo se están manteniendo tras la crisis sino que se están incrementando y recoge datos como que el 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha entregado el informe a los partidos políticos de cara al debate que tendrá lugar este miércoles 22 de marzo en el Ateneo de Madrid y en el que participarán todos los Grupos Parlamentarios.
También asistirán diversas organizaciones sindicales, sociales y profesionales. Se trata de la cuarta ocasión en la que se celebra este debate, que tiene como objetivo dar la réplica al tradicional Debate sobre el Estado de la Nación.
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