6 de febrero de 2013 — El Presidente Obama ha superado los límites de la pandilla de Bush y Cheney, con su pretensión de que tiene el derecho dictatorial de matar ciudadanos estadounidenses sin ningún proceso legal, ni revisión judicial o supervisión del Congreso. La racionalización "legal" para estos asesinatos selectivos —algo que Estados Unidos condena con grandes aspavientos cuando lo comete otro país— se ha venido comentando en varios discursos y se ha filtrado durante los últimos dos años; ahora ha salido a la luz pública algo más de esta sofistería, con la filtración del documento del Departamento de Justicia (DJ) sobre los asesinatos selectos, titulado "Legalidad de una operación letal dirigida contra un ciudadano estadounidense que sea un dirigente operacional de Al-Qaeda o de una fuerza asociada".
El documento confidencial, que supuestamente se le entregó a las Comisiones de Inteligencia y Judicial del Senado, lo dio a conocer Michael Isikoff de la cadena de TV NBC, el mismo día que un grupo bipartidista de once senadores le exigía ver la justificación legal que alega el gobierno para los asesinatos selectos, que se supone está planteado en un memorando de 50 páginas preparado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia.
Lo que muestra el documento del DJ es la naturaleza absolutamente endeble y fraudulenta de las pretensiones de Obama a su derecho a matar ciudadanos estadounidenses acusados de participar en terrorismo. Obama se atribuye el derecho a ejecutar a un ciudadano estadounidense bajo tres condiciones, prácticamente sin sentido:
(1) Que "un funcionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, bien informado, haya determinado que el individuo seleccionado plantea una amenaza inminente de un ataque violento contra Estados Unidos". Quien sería este funcionario, cuales serían sus cualificaciones, cual es la calidad de la evidencia o inteligencia que se requiere, no se dice por ningún lado. Por lo contrario, el documento señala, asombrosamente, que para satisfacer esa condición, "no se requiere que Estados Unidos tenga una evidencia clara que ocurrirá un ataque específico a personas o intereses estadounidenses en el futuro inmediato". El concepto de "amenaza inminente" se estira más allá de cualquier límite.
El subdirector jurídico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Jameel Jaffer, caracterizó ese documento de la manera siguiente: "La opinión básica del documento es que el gobierno tiene la autoridad para llevar a cabo el asesinato extrajudicial de un ciudadano estadounidense si un 'funcionario informado de alto nivel' considera que presenta una amenaza 'constante' al país. Se alega que esta autoridad de gran amplitud existe incluso si la amenaza que se presenta no es inminente en ningún sentido ordinario de la palabra, incluso si el objetivo seleccionado no ha sido acusado nunca con un delito ni ha sido informado de las acusaciones en su contra, e incluso si el objetivo no se encuentra en ningún lugar cercano a un campo de batalla".
(2) Que la "captura no sea factible". A esta condición se le dedica un breve párrafo en el documento de 16 páginas, que se reduce a si es conveniente o expedito, o no, intentar capturar al objetivo en vez de simplemente matarlo.
(3) Que el asesinato se conduzca de manera congruente con las leyes de la guerra. Eso es fácil: ¿No es para eso para lo que están los abogados mercenarios, para salir con cualquier justificación jurídica para lo que van a hacer de todos modos? Pregunten a cualquier banquero de Wall Street, capo de la mafia, o a Dick Cheney, si quieren.
La Inquisición parece buena, en comparación
Aunque algunos de los argumentos del gobierno para realizar los asesinatos extrajudiciales ya los han externado en público algunos personajes como John Brennan, Eric Holder y Harold Koh, y se reportaron también en la descripción del memorando de 50 páginas de la OLC que se filtró en el diario New York Times en octubre de 2011, lo que es nuevo aquí es la explicación de como extiende el gobierno la idea de "amenaza inminente", utilizando lo que el DJ llama "un concepto más amplio de inminencia", según el cual no se necesita ninguna evidencia específica actual, excepto que el blanco escogido se dice que está ligado a Al-Qaeda o a una "fuerza asociada", la cual está "planificando constantemente ataques contra Estados Unidos". Para esto se cita como autoridad nada más y nada menos que al Fiscal General de Tony Blair, lord Goldsmith, en su testimonio ante el Parlamento británico. (Lo cual explica todo!)
Se reduce a esto: Si Obama o quien él designe, decide unilateralmente que un individuo, incluyendo a un ciudadano de Estados Unidos, es un "alto dirigente operacional" de Al Qaeda o de un grupo relacionado, el individuo puede ser eliminado. El memo agrega que esto se permite, a menos que haya evidencia de lo contrario. ¿De donde habrá de salir esa evidencia, cuando Obama o Brennan son el fiscal, juez y verdugo, y solo ellos saben que hay un "juicio" en marcha en contra del objetivo? No obstante, el DJ concluye que no hay ninguna violación a la Cuarta ni a la Quinta Enmienda en este procedimiento, que hace ver al Tribunal de la Inquisición como un modelo de debido proceso. (En algunos casos, al menos la Inquisición permitía la presencia del acusado durante el juicio secreto).
En cuanto a la prohibición federal contra el asesinato, el Departamento de Justicia dice que no hay de que preocuparse, porque esto solo se aplica a los asesinatos "ilegales". Estos asesinatos selectos no pueden ser "ilegales", alega el documento de la OLC, porque Obama y el Departamento de Justicia dicen que NO LO SON. Como es fama que decía Dick Nixon, "Si lo hace el Presidente, no es ilegal".
En cuanto a la singular noción de la separación de poderes, y los controles y contrapesos, eso no tiene lugar en este esquema. Esto es guerra, alegan, guerra sin ninguna limitación ni fronteras, ni tiempo, ni normas de combate. El documento es explícito: No hay ningún papel para los tribunales ni procesos judiciales en el mundo de Obama. (Aunque como lo demostró recientemente el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia no están de acuerdo, como se lo hicieron saber también en su momento al gobierno de Bush con sus pretensiones de autoridad unilateral).
El columnista y abogado constitucionalista Glenn Greenwald saca los paralelos obvios, como muchos otros comentaristas, entre los memorandos de Bush-Cheney sobre la tortura, y señala que el documento de la OLC de Obama "es tan escalofriante como los memos sobre tortura de la OLC de Bush en como su tono tono clínico, legaloide, intenta esterilizar por complete el poder radical y peligroso que se propone autorizar". Greenwald escribe en el diario londinense Guardian que esa teoría de que "el mundo es el campo de batalla", donde el Presidente tiene un poder sin límites, era el meollo de la política de Bush y Cheney en su "Guerra contra el terror", y concluye en que "este nuevo memorando deja en claro que esa visión del mundo de Bush y Cheney es el meollo de la presidencia de Obama".
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