Adelaida Nikolayeva
Foto: Agencia Prensa Rural
La corrupción y decadencia de la clase dominante la arrastra inevitablemente, como una hidra de varias cabezas, a su descomposición y de paso empuja al país a un profundo abismo de incertidumbre, zozobra y violencia.
La catarata de acusaciones y escándalos vergonzosos por medio de la cual dos facciones de la clase dominante se destrozan dejando al desnudo la realidad política del país y su pusilánime condición de clase, no atiende ya al talante que la distinguió en algún momento de la historia republicana desde que detenta el poder.
La guerra sucia desatada a pocos días de la campaña presidencial y las acusaciones mutuas de corrupción, hackers, chuzadas, crímenes de estado, alianzas con narcos y parapolíticos son una manifestación clara de la decadencia en que se encuentra sumida la sociedad colombiana, sin excepciones. ¿Qué otra cosa distinta indican los escándalos con que a diario despierta el país?
Al tiempo que la oligarquía y sus instituciones se hunden en la decadencia, la corrupción y la ilegitimidad, un estado de incertidumbre e intranquilidad reina en la sociedad. Bajo este enrarecido ambiente, un peligro real se cierne sobre un asunto fundamental para la vida de los pueblos como es la paz, que debe entenderse como un deber moral, ético y el principal objetivo político y constitucional de una sociedad como la nuestra que ha vivido en estado de guerra por más de cincuenta años. Y solo hay dos vías para ponerle fin: sostenerla hasta que uno de los contendientes sea completamente vencido, lo cual se ha demostrado irrealizable, o ponerle fin por medio del diálogo político y la concertación.
La lucha ideológica en el país se da entre quienes están por la solución política del conflicto armado a través del diálogo, y quienes están en contra y apuestan por la prolongación de la guerra. La coyuntura política que atravesamos la completa la crisis económica y social del agro que tiene al campesinado, las comunidades indígenas y afrodescendientes en las calles y campos protestando y movilizándose por sus derechos y justa reclamación a través de un pliego de peticiones que no ha sido resuelto, a pesar de las promesas y diálogo entre los voceros del campesinado y del gobierno.