http://www.jornada.unam.mx/2013/01/20/mundo/020n1mun
David Brooks
El programa de
democracia para Cuba promovido por el gobierno estadunidense es una actividad
operacional que requiere discreción continua en el marco de varios planes de
transición que Washington contempla en su esfuerzo contra el régimen del
presidente Raúl Castro, según documentos oficiales estadunidenses divulgados
hoy por el National Security Archive.
Los escritos oficiales
dados a conocer hoy fueron presentados ante un tribunal como parte de un caso
legal promovido por Alan Gross, el contratista encarcelado en Cuba en 2009 por
intentar trasladar de manera clandestina equipo de comunicaciones a Cuba. Gross
y su esposa Judy interpusieron una demanda el año pasado contra la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el Development
Alternatives Inc (DAI), este último su empleador cuando fue arrestado en la
isla y uno de los principales contratistas de la Usaid, acusándolos de que
fallaron en prepararlo, capacitarlo y supervisarlo de manera adecuada ante los
peligros de las actividades a que fue enviado a la isla.
Los textos fueron
presentados ante el tribunal por el DAI la semana pasada. Uno, marcado como
confidencial, revela que en una reunión entre el DAI y la Usaid, en agosto de
2008, funcionarios del Programa para la Democracia en Cuba y Planeación de
Contingencias relatan a la empresa contratista que la Usaid no está informando
a los cubanos cómo o por qué necesitan una transición democrática, sino que la
agencia desea otorgar la tecnología y los medios para comunicar la chispa que
podría beneficiar a la población, y que el programa tenía la intención de
“establecer una base desde donde los cubanos podrían ‘desarrollar visiones
alternativas del futuro’”.
En el mismo documento
se señala que el gobierno de Estados Unidos tiene entre cinco y siete
diferentes planes de transición para Cuba, y que el programa no contempla
redactar otro. Agrega que ello no es un proyecto analítico, sino una actividad
operacional.
Según otro documento,
la convocatoria de la Usaid para propuestas de contratistas para el programa en
Cuba, fechado en 2008, sostiene que el objetivo principal del gobierno de
Estados Unidos es acelerar la transición pacífica (en Cuba) a una sociedad
democrática y orientada al mercado, al otorgar asistencia humanitaria adicional
y apoyo a la sociedad civil. Desarrollar y, si así lo permiten las condiciones
legales y otras circunstancias, activar planes para lanzar una plataforma programática
de respuesta rápida que atienda los intereses de la Usaid para tener y
coordinar una presencia de programación en la isla.
Los documentos
divulgados hoy por el National Security Archive, organización independiente de
investigación dedicada a transparentar las actividades de política exterior del
gobierno, también incluyen comunicaciones de la Usaid con el DAI sobre el
programa y las propuestas de Gross para trasladar computadoras, teléfonos
celulares y sistemas de comunicación satelital a la isla.
En los escritos figura
el testimonio de un ejecutivo del DAI ante el tribunal en torno a la demanda
civil de los Gross, en el cual afirma que funcionarios de la Usaid enfatizaron
que el programa sobre Cuba tenía riesgos, particularmente en términos de construir
la red requerida de promotores de democracia y derechos humanos en Cuba. (Los
documentos se pueden revisar en el sitio del National Security Archive: www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB411/).
Peter Kornbluh,
analista del National Security Archive encargado del programa sobre Cuba, entre
otros, comentó que durante una reunión que sostuvo con Gross en noviembre de
2012, en Cuba, el estadunidense le insistió en que mis metas no son las mismas que
las del programa que me envió, e instó al gobierno de Barack Obama a negociar y
resolver su caso con las autoridades cubanas, entre otros asuntos bilaterales.
Kornbluh consideró que
la decisión del DAI de presentar esos documentos ante el tribunal tiene un
tinte chantajista contra el gobierno estadunidense. En su solicitud ante el
tribunal para que descarte el caso, la empresa afirma que está profundamente
preocupada porque el desarrollo del historial, en este caso a lo largo del
litigio, pudiera crear riesgos significativos a los intereses de seguridad
nacional, políticas exterior y de derechos humanos del gobierno de Estados
Unidos. O sea, según Kornbluh, se trata de un aviso al gobierno de que si no
intensifica sus esfuerzos para liberar a Gross el caso legal podría revelar aún
más detalles de los programas de intervención estadunidense en la isla.
Para el abogado José
Pertierra, experto en asuntos jurídicos y políticos en la relación Cuba-Estados
Unidos y cercano al asunto legal de Los cinco (cubanos encarcelados en
Estados Unidos que realizaban actividades antiterroristas para La Habana en
Florida), estos documentos confirman que todo ese asunto es parte de un plan
para desestabilizar Cuba clandestinamente y, a la vez, comprueban que Gross es
culpable de lo que está acusado.
En entrevista con La
Jornada, Pertierra comentó que ello es sólo el inicio de una serie de
documentos que van a salir a la luz pública demostrando que esto no se trata
simplemente de otorgar equipo a la pequeñísima comunidad judía en Cuba, sino de
establecer una red alternativa de disidentes operada en torno a los intereses
de Estados Unidos. El abogado subrayó que “eso es ilegal en Cuba y en todos los
países del mundo –ningún gobierno soberano acepta que un poder extranjero se involucre
en actividades internas, cuyo propósito es promover un cambio de régimen”.
Pertierra concluyó que
“ojalá, por razones humanitarias, liberen a Gross. Igual, por razones
humanitarias, Estados Unidos libere a Los cinco. Claro que los dos casos
no son iguales. Tal como se argumenta aquí, tienen razón. El programa de Gross
tenía la intención de desestabilizar Cuba; Los cinco no tenían el
objetivo de desestabilizar Estados Unidos, sino estaban trabajando para evitar
actos de terrorismo contra Cuba lanzados desde y protegidos por Estados
Unidos”.