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05 octubre, 2015

Sobreviviente Narra #Masacre de #EEUU en #Kunduz

cubadebate.cu

El hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la localidad afgana de Kunduz fue bombardeado en la madrugada del sábado por las fuerzas estadounidenses que combaten a los talibán. Unas 19 personas han muerto y 37 han resultado heridas. Lajos Zoltan Jecs, un enfermero que lleva allí desde mayo, ha contado el

17 octubre, 2012

Argentina: condenan a asesinos de Trelew; uno queda suelto en EEUU protegido por el régimen

http://www.contrainjerencia.com/?p=55257
En el marco de una nueva jornada histórica de los juicios por delitos de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut, condenó ayer a prisión perpetua a tres imputados por los hechos conocidos como la “Masacre de Trelew.”
En este juicio no fue juzgado el ex teniente de corbeta Roberto Bravo, quien fue localizado en Estados Unidos en 2009 y detenido en febrero de 2010 a solicitud de la justicia argentina, pero también rápidamente liberado bajo fianza y sin indicios de que prospere nunca el pedido de extradición.  Bravo fue quién se encargó de rematar a los 16 jovenes revolucionarios .
Bravo fue localizado en Estados Unidos en el 2009 por el diario argentino Página/12 que reveló cómo manejaba en Miami el RGB Group Inc, una empresa que vende servicios médicos al Pentagono y al Departamento de Seguridad Interna.
El Tribunal conformado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella, dio su veredicto tras 40 años de ocurridos los hechos. Los jueces resolvieron condenar a prisión perpetua a Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino y Luis Emilio Sosa por considerarlos autores de 16 fusilamientos de presos políticos y el intento de asesinato de otros tres en la base Almirante Zar de Trelew, y decidieron absolver a Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista.
La querella de los familiares de las víctimas, en su alegato ante el Tribunal, había pedido prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como autores de los homicidios y torturas, calificados como crímenes de lesa humanidad.
El 22 de agosto de 1972 la Base Almirante Zar fue testigo del fusilamiento de 19 víctimas, conocido como la “Masacre de Trelew”. Allí 16 presos políticos murieron, Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar sobrevivieron a la masacre pero luego fueron desaparecidos durante la última dictadura, igual que numerosos familiares de los fusilados en Trelew y chubutenses de la Comisión de de Solidaridad con los presos políticos de la Unidad 6 de Rawson.

Bolivia: en el 2003 EEUU dirigió la “masacre de octubre”, acusa ministro

http://www.contrainjerencia.com/?p=55268
Mañana se cumplirán nueve años de la huida del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a Estados Unidos y de la ‘masacre de octubre’ de 2003, que ocasionó 67 muertos y centenares de heridos de bala, en la cual se presume que participaron militares y la Embajada norteamericana.
Así lo afirmaron, por separado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el abogado de las víctimas de la masacre, Rogelio Mayta Mayta.
Quintana reveló un dato que es compartido por Mayta. “La masacre del 17 de octubre de El Alto estuvo dirigida por Gonzalo Sánchez de Lozada, pero por detrás estaban las manos siniestras de Estados Unidos. El dato que se debe recordar al país es que los funcionarios del grupo militar de Estados Unidos operaron como los asesores de la masacre del 17 de octubre en El Alto, ya que ocuparon las instalaciones del Estado Mayor y desplazaron al Alto Mando Militar”.
Afirmó que “fueron los gringos los que tomaron el mando en el Estado Mayor del Ejército cuando se produjo la masacre en El Alto, pero eso no lo dice ni Juan Ramón Quintana, ni el Gobierno, ni el presidente Evo Morales, lo dicen los oficiales que ese momento vivieron esta penetración vergonzosa del grupo militar de Estados Unidos durante la masacre de 2003”.
La participación de militares extranjeros fue evidente en los operativos que se realizaron en la ciudad de El Alto para trasladar los carros cisternas cargados de combustibles a La Paz, señalaron los familiares de las víctimas.
El abogado de los familiares de las víctimas afirma que aviones de la NAS (Narcotic Affairs Section) trasladaron militares de Cochabamba a La Paz para reforzar los operativos.
“Para trasladar las tropas del trópico a la Paz no sólo se utilizaron aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), sino aviones de la NAS, que son del Gobierno de Estados Unidos, los cuales también pueden estar implicados en la masacre”, denunció Mayta.
De acuerdo con el jurista, en esos hechos radica la decisión de la Casa Blanca de rechazar la extradición de Sánchez de Lozada y de sus colaboradores, entre ellos su ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.
“Si se autoriza la entrega de  Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín a la justicia boliviana, EEUU no solamente estaría entregando a sus sirvientes, sino que se expondrá a ser investigado acerca de su política intervencionista”, afirmó.
DATOS
• En octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta social con un despliegue de militares en las ciudades de El Alto y La Paz.
• La represión militar provocó la muerte de 67 personas y más de 400 heridos.
• El 14 de octubre de 2004, el Congreso Nacional autorizó el juicio de responsabilidades. El proceso se inició el 18/05/2009.
• El año 2008, ha pedido de la Corte Suprema de Justicia, la Cancillería solicitó a EEUU la extradición de Goni.
• El 30/08/2011, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó entre 3 y 15 años de cárcel a dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y a cinco ex miembros del entonces Alto Mando Militar.
Greenlee pidió a Mesa no dejar solo a Goni
Cuando en octubre de 2003 Carlos Mesa decide apartarse del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, David Greenlee (2003-2006), fue a la casa del ex vicepresidente a “jalarle las orejas” con el fin de que regrese al Ejecutivo.
“El 13 de octubre, cuando Carlos Mesa se aparta del Ejecutivo sin renunciar, la gente del Departamento de Estado de Estados Unidos le jala las orejas, eso está en sus declaraciones del juicio de responsabilidades. El embajador Greenlee va a reunirse con Carlos Mesa con el objetivo de doblarle el brazo para que vuelva al Gobierno con Sánchez de Lozada. Es intervencionismo total”, precisó Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de la ‘masacre de octubre’ de 2003.
Esta relación que Greenlee tenía con el Gobierno boliviano de entonces fue más allá. Esta situación se confirma en una publicación (Página 7, 27/11/2010) en la que Greenlee confiesa: “Nosotros trabajamos con las autoridades de EEUU para asegurarnos de que Goni sería tratado a su llegada a Miami (en 2003) como el amigo de nuestro país que era”.
Desde ese año, Sánchez de Lozada permanece en Estados Unidos.

04 octubre, 2012

Confirmado: policía paraguaya desató masacre de campesinos en Curuguaty (Paraguay)

AVN
La represión desatada por la policía paraguaya fue la causante de la muerte de 11 campesinos y 6 uniformados en la localidad de Curuguaty, ocurrida en julio pasado.
Esta afirmación se desprende de una investigación realizada por la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflicto Campesinos (PEICC), organismo dirigido por Domingo Laino.
El informe, elaborado por un equipo dirigido por el jurista español Altor Martínez, está avalado por vídeos, fotos y declaraciones de testigos, reseñó este miércoles Prensa Latina.
En la investigación se detalló que lo ocurrido en Curuguaty fue provocado por un supuesto apoyo del ex presidente Fernando Lugo a grupos violentos campesinos, que presuntamente emboscaron a la fuerza pública.
Posteriormente, este hecho fue utilizado como principal acusación durante el juicio político contra el mandatario impulsado por el Parlamento paraguayo que terminó con su destitución, pese a las graves irregularidades denunciadas.
La investigación reveló que en el desalojo de campesinos y la represión contra los labriegos fue efectuada por 323 efectivos policiales, que debían negociar la salida del terreno ocupado.
Cuando el documento de PEICC fue presentado se mostraron videos e imágenes que desmienten la supuesta emboscada campesina, ya que al llegar las fuerzas de seguridad estaban presentes hasta mujeres y niños que los recibieron.
En la investigación también se indicó que los disparos en Curuguaty fueron realizados con armas de grueso calibre y automáticas, que nunca fueron halladas en poder de los campesinos o en sus campamentos, donde apenas había escopetas viejas y sólo una fue disparada.
A esto se suma que declaraciones de labriegos y de los propios policías coinciden en que en el lugar había apostados francotiradores que comenzaron a disparar.
En tanto, según la investigación, los uniformados abrieron fuego de forma indiscriminada y comenzaron a ejecutar a todos los campesinos que fueron encontrando a corta distancia.
En el estudio además se incluyen denuncias sobre detenciones y maltratos a detenidos menores de edad.
La investigación presentada contrasta con el informe divulgado sobre el tema por la Fiscalía paraguaya.