Este artículo fue publicado en el mes de junio del año 2007, sin embargo es tan actual y preciso que únicamente ha variado el nombre del presidente del Banco Mundial (BM). Robert Zoellick un banquero estadounidense, fue presidente del BM desde el 1 de junio de 2007 hasta el 30 de junio de 2012, le sucedió Jim Yong Kim que ostenta el cargo desde el 1 de julio de 2012 hasta la actualidad.
Quien vive ciego a las realidades mundiales, es cómplice del sistema impuesto. Quien niega abiertamente aspectos irrefutables, es porque desangra al sistema, lo alimenta la mentira o carece totalmente de conocimientos básicos para poder argumentar hechos comprobados pero su ego no le deja reflexionar libremente. Quien trate de negar la nefasta injerencia de entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el acontecer mundial, es una persona que realmente necesita estrenar su cerebro. Con este artículo se podrá entender a profundidad a estas entidades y tener otra perspectiva de acontecimientos que pasaron desapercibidos para el común de los mortales.
Daniel Estulin
En su edición de anoche, periódico español, El Mundo publicaba un artículo sobre el nombramiento de Robert Zoellick como nuevo presidente del Banco Mundial. En el último párrafo del artículo, El Mundo decía lo siguiente: “Creado en 1944, el Banco Mundial está integrado por 185 países y su objetivo es reducir la pobreza mediante préstamos con intereses bajos y apoyos económicos a las naciones en desarrollo.” Alucinante la ignorancia de esa gente. Como explico en el artículo, ni el Banco Mundial ni su primo hermano el Fondo Monetario Internacional, nunca, pero nunca, nunca han trabajado para los intereses de los pobres en ningún país del mundo. Los dos organismos forman parte del mecanismo de control de la élite y su comportamiento está muy relacionado con la reducción de la población mundial. El artículo de El Mundo es una traducción de la nota de prensa del gobierno estadounidense. Interesante. Es decir, para ahorrar dinero, el Mundo se dedica a publicar notas oficiales del gobierno de Bush.
En general, se cree, aunque equivocadamente, que el objetivo del Banco Mundial (controlado por la Reserva Federal de Estados Unidos) y el Fondo Monetario Internacional (del que Estados Unidos es el principal patrocinador, además de ser el único país con capacidad de veto) es “fomentar el desarrollo y reducir la pobreza en el Tercer Mundo,” pero en la práctica, esas organizaciones han contribuido al empobrecimiento y la indigencia de millones de personas a través de programas de créditos llamados «Programas de Ajuste Estructural», que han logrado sumarse a la carga que suponen para el país la deuda y los intereses, el estancamiento y la inestabilidad.
El resultado evidente de los créditos de ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI es que el dinero prestado a los países necesitados se ha usado para realizar pagos inmediatos de intereses a las entidades bancarias occidentales. Por si esto fuera poco, las draconianas políticas de ajuste han favorecido una devolución efectiva de los créditos a medio y largo plazo. Además, al ordenar a las economías tercermundistas centrarse en la producción para la exportación, el Banco Mundial y el FMI canalizaron 178.000 millones de dólares de los recursos económicos del Tercer Mundo entre 1984 y 1990 para liquidar deuda externa en dólares.
Un antiguo director ejecutivo del Banco Mundial exclamó: «Desde la época en que los conquistadores saquearon América Latina, el mundo no había experimentado un flujo de acontecimientos en la dirección que vemos hoy en día.»
Estos programas se están implementando en más de 70 países del Tercer Mundo y de Europa del Este, que van de Nigeria a Jamaica, de Hungría a Etiopía, Lesoto, Kenia, Ghana y Uganda, sujetos a 566 programas de estabilización y de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial con resultados desastrosos. A esos países se les dice que a menos que pongan en práctica las reformas estructurales, se les acabarán los fondos externos de ayuda necesarios para liquidar las deudas acumuladas a entidades bancarias privadas occidentales en la década de 1970. Los programas de ajuste estructural implican la liberalización de las economías africanas, lo cual significa que se anima a las compañías extranjeras tomar el control de determinados sectores de la economía. Los necesitados países tercermundistas no tienen otro remedio que cumplir las dolorosas medidas impuestas por el Banco, en tanto que son medidas «fundamentales para el crecimiento sostenido y la estabilidad económica».
Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. El propio estudio del Banco Mundial, titulado Adjustment Lending: An Evaluation of Ten Years of Experience («Créditos de ajuste: evaluación de diez años de experiencia», 1988), ha puesto de manifiesto que los programas de ajuste estructural emprendidos por 15 países del África Subsahariana han fracasado: a) el Producto Interior Bruto (PIB) dedicado a la inversión se redujo en vez de aumentar como se esperaba; b) el crecimiento económico anual se redujo; c) aumentaron los déficit presupuestarios de los ingresos por exportaciones que tenían que dedicarse al pago de la deuda.
A principios de 1980, Somalia acudió al Banco Mundial y al FMI en busca de ayuda. La costosa guerra con Etiopía, el aumento del coste del conflicto, tanto desde el punto de vista humano como económico, provocó dificultades económicas previsibles. «Con el ajuste, la deuda somalí aumentó de 1.639 millones en 1985 a 2.444 millones en 1990. Los servicios en este período alcanzaron los 379 millones. El coeficiente entre la deuda y el PNB fue del 283 por ciento en 1990. Dicho de otro modo, el país pasó a depender totalmente de sus acreedores, y el PNB per cápita de ese año fue de 96 dólares, mientras que la deuda per cápita en Somalia alcanzó los 281 dólares. Casi el ciento por ciento de la deuda se vinculaba a acreedores oficiales.»
Además, los estados africanos, incapaces de competir con las multinacionales occidentales, se habían visto obligados a retirarse del sector sanitario debido a la economía de libre mercado. Esto ha puesto a los niños africanos a merced de organizaciones internacionales y empresas farmacéuticas transnacionales sin escrúpulos, que pueden tomarse la libertad de usarlos como conejillos de Indias para probar medicamentos y vacunas. Un caso destacado es el que protagonizó en enero de 2001 la compañía farmacéutica TNC Pfizer, afincada en Estados Unidos, que usó un fármaco experimental en 50.000 niños con meningitis de Kano, Nigeria, sin permiso oficial. A raíz de esta epidemia fallecieron 15.000 personas, mientras que muchas otras se quedaron sordas o ciegas, según el número de primavera de 2005 del Journal of Third World Studies.
A pesar del ajuste global, «36 de los 47 países africanos se han sometido a un ajuste estructural por parte del FMI y del Banco Mundial, y aun así el volumen total de deuda externa del continente supone ahora el 110 por ciento de su producto nacional bruto».
El periodista Greg Palast, en su bestseller internacional La mejor democracia que se puede comprar con dinero, revela que se chantajeaba a los países para firmar acuerdos secretos, que los obligaban a vender activos nacionales clave y a adoptar medidas económicas devastadoras para pasar a ser «aptos para recibir una limosna». Huelga decir que el incumplimiento de estas condiciones draconianas impuestas por las instituciones financieras globales provocaría de inmediato la descalificación para recibir futuros créditos internacionales en un sistema globalizado en el que ningún país puede sobrevivir sin créditos. Uno de los requisitos básicos de cualquier «programa» impuesto por el Banco Mundial o el FMI es que se cumplan totalmente los principios del «mercado libre» y del «libre comercio». Al país «deudor» no le queda otro remedio que aceptar bajar los aranceles, lo cual abarata las importaciones y, en consecuencia, aumenta el déficit comercial, de tal modo que se necesitan más créditos y a su vez se pagan más intereses, y esto lleva a más programas de ajuste estructural con más cabos atados, de forma que los países se ven obligados entonces a ceder el control de sus recursos a forasteros, como México ha hecho de facto cediendo su industria petrolífera a Estados Unidos.
Palast dio a conocer el informe DE ALTO SECRETO [el Plan Argentino] que ordenaba a Argentina, a finales de la década de 1980, a vender sus activos públicos, como el sistema de aguas. El sistema hidráulico de Buenos Aires se vendió a la ahora tristemente célebre Enron, así como las tuberías de distribución entre Argentina y Chile. Todo esto lo confirmó Joe Stiglitz, premio Nobel de Economía y ex director del Banco Mundial. Al final fue Stiglitz quien le dio a Palast pruebas incriminatorias clave contra el Banco Mundial y el FMI.
Sin embargo, incluso esto se queda corto si se compara con una monstruosa estafa que algunos de los mayores organismos de ayuda, ONG y grupos de fundamentalistas cristianos estadounidenses han estado llevando a cabo en secreto en África en las últimas décadas. Aunque se describe como «planificación familiar», pierde sentido cuando se conocen las consecuencias reales y sus objetivos de largo alcance. Estas políticas de planificación familiar son defendidas enérgica y continuamente por los principales donantes bilaterales, como el gobierno estadounidense a través de su sucedáneo, USAID, y organismos multilaterales, entre los que destacan la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y el Banco Mundial en África.
Desde la década de 1960, el Banco Mundial ha sido la principal entidad de financiación del control de la población, y su gasto anual se ha disparado desde una cifra tan irrisoria como 27 millones de dólares en 1969-1970 a más de 3.500 millones de dólares a finales de los noventa. “Resulta muy significativo,” decía Guy Martin en, «The West, Natural Resources and Population Control Policies in Africa in Historical Perspective», Journal of Third World Studies, [primavera de 2005, pp. 16-18] que las políticas de control de la población se hayan convertido en una condición clave necesaria para el desembolso de créditos de ajuste estructural por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en el marco de sus programas de ajuste estructural.» Entre las condiciones de los programas de ajuste estructural suelen incluirse políticas de control de la población, además de la devaluación, liberalización y privatización de las economías nacionales y de los sectores de la sanidad y la educación. Así pues, la preparación de una Declaración Política sobre la Población suele ser una condición típica para el desembolso de un programa de ajuste estructural.
Betsy Hartmann, directora del Programa de Población y Desarrollo del Hampshire College, acuñó un nuevo término para designar estas políticas: ecofascismo maltusiano. Advierte que la comunidad de ayuda internacional se centra en la actualidad en iniciativas de control de la población en el África Subsahariana, y la planificación familiar pasa a ser la prioridad número uno. Hartmann, en «Cross Dressing Malthus», ZNet Commentary, 23 de septiembre de 1999 decía: «El imperativo primordial de estos programas internacionales es reducir el crecimiento de la población de un modo tan rápido y tan rentable como sea posible.» Tal como observa acertadamente: «En gran parte de África donde el sida amenaza con provocar una tragedia demográfica y humana, el actual énfasis en el control de la población y el cese de la financiación de los sistemas sanitarios representan un proceso de selección indirecto.»
El profesor David Lutz, en su ensayo titulado Ethics of American Military Policy in Africa («Ética de la política militar norteamericana en África»), pone en perspectiva la reducción de la población y la política estadounidense: «Una de las formas específicas en que el aumento de población se considera una posible amenaza para los intereses estratégicos estadounidenses es su impacto en la disponibilidad de los recursos minerales.»
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