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El periodista Patricio Mery
reveló en octubre último una vasta operación para el transporte de droga de
Bolivia a Chile en complicidad con la policía chilena y el ahora ministro de
Defensa Rodrigo Hinzpeter, mano derecha del presidente Sebastián Piñera. La
revelación trajo como consecuencia el hostigamiento contra el reportero chileno
y su fuente. Pero el asunto dio un giro cuando a la información se agregó otro
dato: que el dinero obtenido a partir de esa actividad ilícita estaría siendo
usado por la CIA para desestabilizar al mandatario ecuatoriano Rafael Correa,
uno de los hombres más odiados por Washington.
La
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos “financia actividades
ilícitas” con recursos “del narcotráfico realizado por la Policía de
Investigaciones de Chile (PDI), la que mete unos 300 kilos mensuales de cocaína
boliviana a través del paso Colina en una operación que tiene la anuencia de
los altos mandos policiales y del exministro de Interior Rodrigo Hinzpeter”,
actual ministro de Defensa, afirma el periodista chileno Patricio Mery.
En entrevista con Proceso Mery
ratifica lo expresado por el semanario que él dirige, Panoramas News, en una
serie de reportajes publicados desde el pasado 17 de octubre. La información
apunta a que el objetivo de la maniobra ilegal es conseguir recursos para
desestabilizar al gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa,
considerado en las altas esferas políticas y militares de Estados Unidos como
uno de los mandatarios sudamericanos más hostiles a Washington.
En 2009 Correa cerró la base
militar estadunidense de Manta. Y dada su popularidad, que pasa de 60%, es
probable que renueve su mandato en las elecciones del próximo 17 de febrero.
Mery fundamenta sus acusaciones
en lo que le dijo el exinspector de la PDI Fernando Ulloa, quien se le acercó
en agosto pasado para hacerle una revelación: En febrero de 2011, cuando estaba
a punto de interceptar el ingreso a Chile de un cargamento de cocaína de alta
pureza, sus jefes le impidieron actuar.
Lo anterior ocurrió luego de que
Ulloa avisara de ese tráfico de droga a su superior, el subprefecto de
Investigaciones Juan Sepúlveda, a fin de que éste le diera los recursos
logísticos y humanos necesarios para la operación.
En vez de ayudarlo, Sepúlveda le
pidió que no se involucrara. Para justificarse le confió que la droga era
resguardada por otros agentes de la PDI. Es decir, el tráfico se hacía con
protección y –como Ulloa constataría más tarde– apoyo del alto mando policiaco.
Sepúlveda bloqueó el operativo de
Ulloa, pese a que había sido ordenado por el fiscal del Ministerio Público
Patricio Rosas.
Denuncias
en oídos sordos
A principios de 2011 Ulloa
descubrió que desde 2009 cada mes entraban a Chile entre 200 y 300 kilos de
cocaína boliviana a través del muy poco utilizado paso Colina, que conduce a
Argentina a la altura de la capital chilena. La droga venía en cajas de
televisores transportadas en camiones.
A pesar de las advertencias de
sus superiores, Ulloa insistió en su plan de decomisar la droga y capturar a
los traficantes. Pero tres días antes de que llevara a cabo su operativo,
funcionarios de la PDI lo visitaron en su domicilio y le comunicaron que debía
dejar todas sus funciones en la capital chilena pues había sido trasladado a la
norteña ciudad de Calama, a donde debía trasladarse de inmediato.
La orden venía del alto mando de
la PDI.
Ulloa llegó con sus denuncias a
las más altas esferas del poder, pero nadie movió un dedo para que los delitos
revelados fueran sancionados.
Gracias a las gestiones de la
diputada oficialista de la Unión Demócrata Independiente Mónica Zalaquett,
Ulloa y su abogado, Aldo Duque, se reunieron con el ministro Hinzpeter el 16 de
mayo de 2011. Zalaquett y Duque han reconocido ante los medios que participaron
en dicha junta.
Después de relatar los hechos,
Ulloa le entregó a Hinzpeter una carpeta con copias de los documentos y correos
electrónicos que comprobaban sus denuncias y los nombres de los implicados en
el tráfico de la droga y en la red de protección.
Entre los encubridores nombró al
subprefecto Sepúlveda –ahora en retiro–; al entonces subjefe de unidad de la
Brigada Criminalística de Maipú, Alfonso Sabando Gómez, que actualmente es jefe
de la misma en Peñaflor; al subdirector operativo de la PDI, Juan Baeza
Maturana, y a Luis Carreño Hohn, jefe de la XV Región Policial Arica y
Parinacota, fronteriza con Perú y Bolivia, y, por lo tanto, zona neurálgica del
narcotráfico.
Al ocurrir los hechos denunciados
por Ulloa, Carreño era jefe del Departamento V de Asuntos Internos de
Investigaciones; después de las acusaciones fue ascendido a jefe de zona.
Hinzpeter le pidió a Ulloa
guardar silencio y le aseguró que en cuatro días solucionaría el problema. Le
envió la denuncia al exfiscal y entonces asesor de Interior, Alejandro Peña,
quien a su vez la remitió al fiscal nacional Sabas Chauán. Pero nada pasó.
Ulloa decidió hacer públicas las
denuncias porque, después de más de un año de haberse reunido con Hinzpeter,
nadie había sido llevado ante la justicia y la investigación se había estancado
en el Ministerio Público. Indignado porque quienes delinquieron siguen
intocados, se comunicó con Mery, a quien le dio la información.
De acuerdo con Mery, la operación
de tráfico de drogas denunciada por Ulloa estaría relacionada con la detención
del oficial en retiro de la armada Diego Sáez Luna en la sureña ciudad de
Yumbel el pasado 17 de agosto, en posesión de ocho gramos de cocaína. Esta
cantidad no es relevante, pero cuando allanaron su casa de Valparaíso
encontraron 18 kilos de clorhidrato de cocaína, 116 de pasta base de cocaína y
22 de mariguana.
Según Mery, Sáez Luna era el
enlace entre la CIA y la armada chilena en esa operación encubierta que busca
desestabilizar al gobierno de Correa. De acuerdo con su versión, el oficial de
la armada habría amenazado con decir “todo lo que sabe” en caso de que se le
condene a prisión por participar en el tráfico de estupefacientes.
Mery relaciona el caso denunciado
por Ulloa con otros hechos ocurridos en los últimos años. “Han asesinado a
varias personas para ocultar los vínculos entre las fuerzas armadas y el
tráfico de drogas. Es el caso del joven soldado Fabián Vega, asesinado en junio
de 2005 en el regimiento de Calama luego de que mostrara intenciones de revelar
operaciones de internación de drogas”.
“Otro caso –agrega Mery– es el de
Néstor Madariaga Juantok, quien desapareció el 21 de marzo de 2006,
encontrándose su cadáver el 7 de abril de ese año. Esta persona fue asesinada.
Néstor era usado por el alto mando de la Policía de Investigaciones para llevar
grandes cantidades de cocaína de Santiago a Valparaíso. Cuando quiso retirarse
y hablar con la prensa fue ultimado.”
Mery es reconocido en Chile por
sus reportajes de denuncia contra los altos mandos policiacos. En septiembre de
2011 publicó uno en el que acusó al actual director general de Carabineros,
Gustavo González Jure, de ser autor del asesinato de Sergio Albornoz Matus, de
14 años, durante una protesta contra el régimen de Augusto Pinochet en 1988.
En ese reportaje dio a conocer
las irregularidades del proceso judicial que exculpó al entonces capitán
González Jure. La denuncia de Mery le significó una demanda por injurias de
parte del oficial, que no prosperó en los tribunales pero que colocó al
periodista como uno de los más odiados y perseguidos por la policía chilena.
Las
trampas de la CIA
Las denuncias de Mery y Ulloa
–difundidas por los canales La RED y UCV y por algunos otros medios que las
retomaron– no alcanzaron en Chile el revuelo que ameritaban, pese a que su
contendido no fue desmentido por ninguno de los implicados.
Pero el caso adquirió dimensión
internacional luego de que el pasado 31 de octubre Mery publicara un segundo
reportaje sobre la materia en el que implicó a la CIA en la operación de
tráfico de drogas denunciada por Ulloa, dando a conocer el objetivo de esa
operación: Conseguir recursos para desestabilizar al gobierno ecuatoriano.
La fuente de esta nueva denuncia
de Mery fue un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de
Chile, quien pidió el anonimato.
En Ecuador la denuncia fue
profusamente difundida por los medios. El propio presidente Correa le dio
validez y en dos ocasiones se refirió al tema. El 3 de noviembre, poco después
de volver de un viaje oficial a Chile, sostuvo: “Acaba de salir una denuncia de
un periodista chileno que acusa manejos ilegales de droga donde estarían
involucrados la CIA y la DEA. (El objetivo) sería tratar de desestabilizar al
gobierno ecuatoriano”, según consignó el diario El Comercio.
Correa relacionó la denuncia de
Mery con otra similar hecha por el exdiplomático británico Craig Murray, quien
el 22 de octubre escribió en su blog (www.craigmurray.org.uk) que la CIA estaba
implicada en una operación para desestabilizar al gobierno de Correa y que con
ese objetivo habría triplicado su presupuesto en Ecuador hasta alcanzar 87
millones de dólares. El dinero se gastaría en comprar periodistas y hacer
escándalos para impedir la reelección del presidente ecuatoriano. Según Murray
la urgencia de la CIA por derrocar a Correa estaría relacionada con el apoyo
que Quito le ha dado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Pese a las numerosas medidas de
seguridad que Mery toma todos los días, no pudo evitar una trampa mediante la
que se le requisó información relevante. La noche del 26 de octubre la azafata
de LAN Úrsula Eggers, aduciendo ser su amante, lo acusó ante los carabineros de
haberla golpeado y documentó supuestas lesiones: El informe médico señaló que
la mujer tenía un esguince en la muñeca derecha.
Inmediatamente el fiscal del
Ministerio Público Augusto Sobarzo ordenó la detención de Mery. Pero éste dio
una versión distinta de lo ocurrido, como consignó una nota de Jorge Madariaga
en la web de Panoramas News:
“Este viernes 26, Úrsula Eggers
llamó a Mery para que se acercara con urgencia a su departamento con la
finalidad de advertir al periodista que sería presa de una agresión por
desconocidos, vinculados a los carabineros, como respuesta a sus últimas
denuncias efectuadas en La RED televisión, sobre tráfico de drogas por la
frontera norte del país, en que están involucrados el Ministerio de Interior y
los mandos de ambas policías. Esto, según ella, lo sabía gracias a sus vínculos
con los organismos de seguridad. Recibió a Mery en su departamento –de
Santiago– y le pidió el celular para hacer una llamada (…) luego se encerró en
una pieza colocando llave a la cerradura.”
Pocos minutos después llegó la
policía y detuvo a Mery. Éste fue dejado en libertad pero su smartphone quedó
en manos de los carabineros y aún no se lo han devuelto.
Mery dice a este semanario que en
el teléfono había numerosos antecedentes relativos a sus denuncias contra la
PDI y entrevistas grabadas de sus fuentes clave. Específicamente estaba el
relato del agente de la ANI que le dijo cuál era el destino del dinero derivado
del tráfico de drogas denunciado por Ulloa.
En su blog el exembajador Murray
se refirió a este incidente y lo definió como una “honeytrap de la CIA”, esto es
una operación de inteligencia de connotación sexual que busca extraer
información de la víctima o perjudicarla. Comparó esta operación con lo hecho
con Assange, quien fue acusado de violar a la ciudadana sueca Anna Ardin, quien
mantenía vínculos con anticastristas cubanos.